El caso reciente de espionaje
ilegal vinculados al anterior gobierno, pone una vez más en el tapete a los
servicios de inteligencia. En nuestro
país, la historia de los mismos nos demuestra que han sido más útiles para
cualquier otra cosa, que en realidad para el objetivo por el que fueron creados. La función principal de la
inteligencia nacional de acuerdo a lo señalado por la propia normativa, consiste
en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información
específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la
seguridad exterior e interior de la Nación. Lejos de dichos objetivos, desde su
creación en el año 1946, la secretaria de inteligencia al igual que el sistema
de inteligencia nacional en su conjunto, en numerosas ocasiones a través del
espionaje ilícito, se ha dedicado a lograr el condicionamiento de jueces,
funcionarios y dirigentes políticos y sociales entre otros tantos.
El convencimiento que la
seguridad es garantía de libertad y democracia, pero que sin libertad y sin
democracia no puede existir seguridad, constituye uno de los principios ideológicos
de la sociedad occidental, sobre los que se levantaron sus estructuras
jurídicas, económicas y políticas. Dada la importancia de lo mencionado, se
concluye entonces que es absolutamente necesario e imprescindible que los
estados nacionales posean un servicio nacional de inteligencia direccionado
únicamente a la seguridad y la defensa exterior e interior del País.
En la teoría del estado hay un consenso dominante que define a la República como el gobierno de la
ley. Siguiendo dicha definición, observamos
que en nuestro país en lo referente a la inteligencia, la responsabilidad por
el fallo en su funcionamiento se le puede atribuir no solo al poder ejecutivo, -
quien tiene por cierto la mayor responsabilidad-
sino en verdad a los tres poderes del Estado. En consecuencia, podríamos
afirmar entonces que la responsabilidad recae no solo sobre el Estado, sino sobre
la Re pública misma. Porque me atrevo a aseverar esto?, veamos. La ley de
inteligencia nacional sancionada en el año 2001 como una respuesta de la
política al escándalo de la conocida Ley Banelco, creo el Sistema de
Inteligencia Nacional. En dicha norma, se creo la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) como órgano del Estado
encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u
ordenadas por la autoridad judicial competente. Este acontecimiento genero a mi
entender, un grave problema institucional, dado que a partir de ese momento, los
agentes de inteligencia emprendieron labores que en teoría habrían de estar
ajustadas a ley. Precisamente ahí está el grave problema; un agente de
inteligencia no tiene demasiado apego a la ley, dado que en su accionar en ocasiones
para lograr su objetivo, opera al margen de la misma. Cual fue la consecuencia?.
Que el poder judicial por el accionar de los espías, se convirtiese en
ocasiones en el facilitador no solo de
escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia, sino que se
vulneren los derechos esenciales de las personas en democracia. El caso de la
AMIA y el reciente caso D’Alessio son claros exponentes de la entramada dependencia
entre justicia y servicios de inteligencia. Es necesario destacar en este
sentido, que la actual interventora de la AFI a través de una resolución
administrativa, redujo notablemente el accionar de los agentes de inteligencia
como auxiliares de la justicia; ojala esto sea el principio de un cambio en
dicho sentido.
Continuando con el análisis de la
mencionada ley, observamos que en dicha norma se creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia. Taxativamente en su Artículo 32, la ley nos dice que “Los
organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán
supervisados por la Comisión Bicameral, quien fiscalizara que su funcionamiento
se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías
individuales consagradas en la Constitución Nacional. Desde su creación, con independencia de la
fuerza política que logró la presidencia de dicha comisión, hubo una serie de
acontecimientos que dejaron al descubierto la falencia de la comisión bicameral
a la hora del control. Como ejemplos podemos señalar: El Proyecto X que le
costase el puesto al jefe de la gendarmería nacional. El accionar de la misma
fuerza de seguridad en el caso Santiago Maldonado, a través del jefe del
escuadrón 35. El espionaje ilegal llevado a cabo por el ex jefe de la Armada
Jorge Godoy y por el que recibiese una condena judicial, en relación a tareas
de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, militantes de
derechos humanos, periodistas y políticos. Estos casos, exponen el fracaso de la comisión
en lo concerniente a la fiscalización del funcionamiento de los organismos
pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional.
Por último y en referencia al
poder ejecutivo, podemos decir que desde el retorno de la democracia, hay
sobradas muestras del mal uso de los servicios de inteligencia para realizar
tareas de espionaje ilegal, en cuyo caso el único objetivo era lograr obtener información
que pudiese ser utilizada para condicionar o neutralizar a jueces, políticos y
dirigentes sociales. En el año 2004, el entonces ministro Gustavo Beliz, mostraba en un canal de televisión
la foto de Jaime Stiusso, un espía al que los anteriores gobiernos incluidos la
última dictadura militar y el de ese entonces, utilizaban como de “consulta”. Incluso el ex fiscal Alberto
Nisman tomaba muy en cuenta los “consejos” brindados por el mismo, en relación
con la causa AMIA. Este espía lejos de concluir con su trabajo, continúo
cumpliéndolo hasta el año 2014. Este ejemplo
demuestra que el problema trasciende a un presidente en particular. El último
caso de espionaje ilegal que lo tiene como principal actor al gobierno de
Mauricio Macri nos muestra que más allá del nombre propio – llámese en este caso Alan Ruiz-, la
metodología empleada por los poderes ejecutivos en relación con el espionaje
ilegal sigue indemne.
El problema es sumamente complejo,
dado que como hemos dicho, cruza a los tres poderes del Estado. La solución no
es para nada sencilla y requiere de una férrea labor destinada a encontrar la solución
a un dilema de carácter estructural. Probablemente, un compromiso de la
política semejante al que en su momento libro para frenar definitivamente las asonadas
militares en nuestro país, pueda encontrar la solución al problema. Si anhelamos
tener un mejor estado y esencialmente una mejor república, el problema de los
servicios de inteligencia debe ser abordado con la rigurosidad que se merece.
Si ello no ocurre, solo será una cuestión de tiempo transcurrido, hasta que surja
otro escándalo que tenga a los servicios de inteligencia como lamentables
protagonistas.
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