La segunda Teoría de la dependencia argentina

 Si necesitásemos definir en pocas frases la Teoría de la Dependencia, diríamos que es una teoría económica que niega los beneficios del comercio internacional propuestos por la escuela clásica y explica el subdesarrollo por medio de la subordinación o sometimiento que se produce hacia los países desarrollados.  Dicha teoría sirvió a los países latinoamericanos, para comprender las causas de su estancamiento socioeconómico y buscar los mecanismos para revertir su situación de desventaja en el comercio internacional.  Esta  corriente teórica, domino el pensamiento económico latinoamericano durante mediados del siglo pasado y tuvo su mayor expresión con la industria por sustitución de importaciones (ISI) y la adopción de medidas proteccionistas al comercio internacional.

Hoy entrado el siglo XXI, podríamos aseverar que esta situación de dependencia no se ha modificado demasiado. Nuestro país continúa exportando básicamente productos primarios e importando productos industrializados o de alto valor agregado, lo cual genera una balanza comercial que no logra  estar a la altura de las necesidades del país. Según datos del INDEC nuestro país en los primeros ocho meses del año, exporto por 37.229 millones de dólares e importó por 26.245 millones de dólares. En casi los primeros tres trimestres del año acumulamos un saldo positivo de 10.984 millones, lo cual nos da un saldo mensual de 1.361 millones.  Este mismo dato trasladado al año pasado. es sensiblemente menor, dado que en igual periodo da un saldo favorable de 7.753 millones, algo más de 969 millones mensuales. 

En los ocho primeros meses, la sección que mayores divisas género fue el de los productos del  reino vegetal con un total de 11.563 millones de dólares. Sin embargo dicho monto, fue superado por los dos primeros ítems de las secciones que se importaron; me refiero a Máquinas, aparatos y material eléctrico por un total de 6.580 millones y la sección Productos de industrias químicas y conexas por un total de 5.791 millones.

A esta endeble situación, debemos añadirle un dato que acrecienta aún más la situación delicada en términos macroeconómicos. Es lo que yo he denominado “La segunda teoría de la dependencia argentina”; me refiero a la demanda de dólares para atesoramiento. En el mes de agosto el Banco Central perdió 1.300 millones de dólares de reservas, es decir el equivalente al saldo mensual de la balanza comercial. Esta cuestión que existe en nuestro país desde hace ya décadas, genera en situaciones de crisis como la actual, una complicación extra y hace que la cantidad de dólares sea aún más insuficiente para poder abastecer a los importadores o afrontar los compromisos con los organismos de crédito internacional.

Frente a este cuadro de situación, la pregunta que me surge es la siguiente: ¿Es tan irreflexivo pensar en sustituir importaciones para mejorar la balanza comercial y en consecuencia aumentar no solo el ingreso de dólares sino  las fuentes de trabajo calificado?  Yo estoy convencido que es totalmente necesario. Del mismo modo, creo que este proceso en fases posteriores, al poder incorporar al mercado internacional productos de fabricación nacional, nos puede abrir en el mediano plazo la posibilidad de poder aumentar el volumen de las exportaciones de productos no tradicionales.

Para lograr dicho cometido, se hace necesario entonces que el Estado nacional asuma un rol planificador de una política productiva tendiente a forjar y alentar un proceso de producción nacional que propenda a sustituir productos que hoy se importan pero que por las características de nuestras industrias podrían fabricarse en nuestro país. Para esto será necesario que se analice la composición de las importaciones argentinas y en simultáneo se generen los mecanismos crediticios o de ayuda técnica para que las industrias nacionales, puedan comenzar en el menor tiempo posible a la fabricación de dichos productos.  Para  lograr esto, será necesario articular el capital bancario con el sector productivo.

Sin ánimo de querer extrapolar modelos, el ejemplo del estado plurinacional de Bolivia nos muestra que gracias a dicha articulación, el estado nacional  logró que el 60% del ahorro y de las utilidades bancarias estén destinadas al crédito para el sector productivo. Esta política pública género una gran oferta de líneas crediticias accesibles para los sectores productivos que requerían empréstitos; en consecuencia el sector productivo, se financiaba con tasas reguladas siendo estas sensiblemente menores que las del sector comercio. En nuestro país en  el año 2019 las utilidades de los bancos según lo informado por el propio Banco Central fueron de 314.044 millones de pesos (3.700 millones de dólares al tipo de cambio oficial). A esta suma hay que agregarle el dinero que poseen los bancos en carácter de depósitos. Esto es un claro indicador que habría fondos para lograr el financiamiento para que las industrias puedan acceder a los créditos a tasas reguladas.

Esta crisis sanitaria y socioeconómica mundial, nos abre la posibilidad de poder pensar e intervenir en los problemas estructurales de nuestra patria. El transformar la balanza comercial  y  la matriz productiva es uno de ellos.  Lo substancial es lograr despegar el tema de la política industrial del debate ideológico. Es cuestión de hacer un análisis experto, para ver qué funcionaria y en qué condiciones.

Para lograrlo, será necesaria la firme decisión del gobierno nacional, pero también de los sectores productivos, de los gremios, del sector crediticio y particularmente de una oposición política que aporte y acompañe con el objetivo de lograr una política de estado, que en el mediano plazo pueda generar un cambio de características significativas en nuestra micro y macroeconomía. El desafío a asumir por todos los sectores debe ser el de reemplazar la vieja dicotomía laissez faire -intervencionismo por un pragmatismo aplicado a cada caso, para subsanar las fallas del mercado y garantizar el éxito de la intervención con una planificación e implementación institucional adecuada.

De la madurez y el compromiso de todas y todos, dependerá el éxito de las políticas que apunten a resolver los problemas estructurales de nuestra nación. El tener una mayor y mejor balanza de comercio internacional y una mayor y mejor producción nacional es sin duda  un gran tema a resolver. Como diría el formidable  José Ortega y Gasset “Argentinos a las cosas”.

 

El NEOLIBERALISMO: UN SOBREENDEUDADOR SERIAL

 

Nuestro país se encuentra una vez más atravesando un complejo proceso de restructuracion de su deuda externa. Días atrás alcanzo un importante y beneficioso acuerdo con los bonistas privados y en los próximos meses habrá de comenzar la negociación con el FMI. En este contexto el inalterable ministro Guzmán, menciono que debemos lograr un “Nunca Más” de los ciclos de sobreendeudamiento en nuestra nación.  Coincidiendo con lo señalado por el ministro, opino que para lograr tal importante objetivo, debemos efectuar como sociedad, un detallado racconto de lo sucedido en materia de endeudamiento en la historia reciente de nuestro país,  a los efectos de poder identificar a los responsables y no volver en consecuencia a cometer los mismos errores. En mi apreciación, los hechos nos muestran que estos causantes tienen nombre y apellido, me refiero a los gobiernos neoliberales, a los que podríamos llamar los sobrendeudadores seriales.

Nuestro país al igual que el título del libro de Alvin Thoffler, ha sufrido en su historia reciente, tres olas de gobiernos neoliberales. Una primera ola desde 1976 a 1983 encabezada por un gobierno cívico militar denominado Proceso de Reorganización Nacional; una segunda ola desde 1989 hasta 2001 encabezada por Carlos Menen y Fernado de la Rúa y una tercera que comenzó en 2015 y concluyo en el 2019 conducida por Mauricio Macri. Estas tres olas neoconservadoras, no solo han sobrendeudado al país logrando una deuda extraordinaria e insustentable, sino que de manera simultánea, han dañaron severamente el tejido productivo, laboral y social, logrando en consecuencia, índices de desocupación, pobreza estructural, desnutrición infantil, indigencia, deserción escolar inseguridad y desigualdad social desconocidos hasta entonces. Han logrado degradar significativamente a nuestra nación colocándola en una situación de vulnerabilidad económica, social y política que históricamente no poseía.

El proceso de reorganización nacional, creo la teoría de Guillermo O’ Donnell, un estado burocrático autoritario. Por primera vez en un gobierno militar aparecerían los representantes de los grandes capitales nacionales ocupando significativos lugares de gobierno; Martínez de Hoz (Acindar) y Domingo Cavallo (Arcor) son dos claros exponentes de lo mencionado. Al inicio de su fatídico periodo, el  país poseía una deuda externa de 4.890 millones de dólares. Sus índices de pobreza estaban en el orden del 4,6% por ciento y su desocupación era del 3% por ciento aproximadamente. Su política económica basada en las ideas neoliberales, destruyo la industria nacional al abrir inusitadamente las importaciones, logrando que miles de pequeñas y medianas empresas colapsaran. Cuando finalizo dicho gobierno de facto, la deuda externa era de 65.300 millones de dólares, la pobreza era del orden del 37% por ciento y la desocupación estaba en el orden del 9 %. Tras más de 7 años de dictadura militar la deuda pública había crecido al 64,2 % del PIB en 1983. Asimismo la tasa de inflación era superior al 400 % y la deuda externa llegaba al 49.6 % del PBI, ahogando las finanzas públicas.

La segunda ola neoliberal comenzó en 1989 con Carlos Menem. Dicho gobierno llevo a cabo las políticas dictadas por el Consenso de Washington, produciendo una ola de privatizaciones de las empresas estatales, el despido de miles de trabajadores públicos, una apertura económica desmedida que fracturo la matriz industrial e inconmovibles medidas de ajuste en perjuicio de las clases populares. Al igual que el gobierno neoliberal anterior, su cartera económica estuvo manejada en un principio por Bunge y Born, sin embargo su ministro de economía estrella, fue el ya conocido por entonces Domingo Cavallo. Los resultados del menemismo fueron desbastadores; dejo el doble de deuda externa (145.000 millones de dólares), una pobreza del 36% y  una indigencia del 8,6% y una desocupación del 14,5%. Este periodo a pesar que en el año 1999 gano la Alianza (UCR- Frepaso) continuo con las mismas recetas neoliberales, a tal punto que tuvo a Domingo Cavallo como ministro de economía. Cuando finalizo el infausto gobierno tras el estallido del 2001, la deuda externa era de 132.000 millones de dólares, la desocupación del 18,3%  y la pobreza en el 36% llegando a casi el 54% en 2002.

Tras un periodo de catorce años, volvimos ingresar en la tercera ola neoliberal encabezada por Mauricio Macri (Juntos por el Cambio). En este gobierno también reaparecieron economistas vinculados a los grandes grupos concentrados de la economía como Alfonso Prat-Gay (apoderado del grupo Fortabat) y Federico Sturzenegger (participo junto con Cavallo del megacanje del 2001). Solo para citar algunos de los resultados de esta última ola, podemos mencionar que tomo deuda por más de 140.000 millones de dólares (entre ellos el préstamo del FMI). Genero a través de la liberalización del mercado de cambios, una fuga de más de 80.000 millones de dólares. En el año 2019, la pobreza llego a más del 35% en promedio y el desempleo al 10%, dado que casi 25.000 empresas cerraron durante los cuatro años de mandato. En el año 2107 la agencia Bloomberg coloco a la Argentina en el primer lugar de la lista de países emergentes en cuanto a su nivel de deuda. En 2018 la economía nacional de Argentina fue calificada como hiperinflacionaria por el organismo regulador de Estados Unidos, la Security and Exchange Commission. En tanto el peso fue la moneda de peor desempeño en el mundo en  2018 y 2019.

En los últimos 44 años las tres olas neoliberales tuvieron idéntico resultado; sobreendeudamiento que derivó en un fuerte aumento de la deuda externa, fuga de capitales, especulación financiera,  altos índices de inflación, cierre de industrias y comercios, aumento del desempleo, de la pobreza e indigencia. Puede afirmarse entonces, que han sido los grandes responsables de la situación de vulnerabilidad económica y social tanto estructural como actual que tenemos.

El sobrendeudamiento en argentina es sinónimo de Neoliberalismo. Gobiernos de facto, justicialistas, radicales y de Juntos por el Cambio fueron exponentes de esta ideología, la cual  no necesita ya golpes de estado para llevar a cabo sus recetas económicas de ajuste y endeudamiento. Lograr un Nunca Más del sobrendeudamiento en nuestro país,  requerirá no solo de la responsabilidad de los gobernantes, sino  esencialmente de la sociedad en su conjunto, la que deberá organizarse para impedir que gobiernos irresponsables hipotequen nuestro futuro como nación.

El Estado como garante de la paz social en el contexto de la pandemia

Desde que se inició la pandemia en nuestro país, el rol del estado en la misma, se ha transformado en un tema de debate. Este papel de vital importancia, debía tener como principales misiones, minimizar las consecuencias de la pandemia y contener a los sectores sociales más castigados por los efectos económicos de la misma.

Desde el aspecto social el estado debía garantizar nada más y nada menos que la paz social, un objetivo que para algunos actores aparecía como algo imperioso de asegurar. Al inicio de la cuarentena, un sondeo de la consultora Opinaia nos mostraba que para los consultados, el temor a los saqueos, superaba al miedo a contraer la enfermedad. Muchos comerciantes por temor a los saqueos no reponían mercadería en sus comercios. Hasta el propio gobernador bonaerense y los intendentes del conurbano bonaerense, manifestaban su preocupación por el temor a un desborde social antes del pico de la pandemia. En síntesis, ciudadanos y mandatarios demandaban que el Estado se convirtiese en el garante de la paz social.

Hablar del Estado como garante de la paz social es algo novedoso?  En absoluto, veamos; Ortega y Gasset que concebía la nación “como un proyecto sugestivo de vida en común”, entendía que  las instituciones del Estado constituidas para la organización y el gobierno de la sociedad civil debían constituirse como garantes de un sistema de convivencia cuyo fin primario  es la paz social. La propia doctrina social de la iglesia en su encíclica Remun Novarum nos habla del Estado como garante de la paz social. En síntesis, la cuestión del estado como garante de la paz social no es algo que estuviese en discusión. Lo que si podría estar en debate es mediante qué acciones el estado habría de garantizar dicho orden o paz social.

El estado teniendo en cuenta el contexto socioeconómico previo a la pandemia, tenía dos opciones de respuesta. Una era que la réplica estuviese enmarcada dentro de una visión del Estado weberiana sustentada en el monopolio de la fuerza. La otra que estuviese sustentada en una visión del Estado bismarckiana respaldada en la concepción universalista y solidaria sobre la base de una visión de ciudadanía social. Claramente nuestro estado en sus tres niveles, opto por la respuesta vinculada al derecho social ciudadano; entendió que el enorme desafío, tanto sanitario como económico-social, que nos planteaba la pandemia, exigía que el estado asuma ese papel respondiendo a la defensa del interés general de los ciudadanos.

Un dato que nos muestra la magnitud de la ayuda social, es que de los 15 millones de hogares de la Argentina, según la actualización estimada del censo poblacional de 2010, poco más de la mitad percibirá la ayuda estatal, son trabajadores informales, trabajadores independientes de bajos ingresos, personal de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas y del plan Progresar. Esto nos muestra que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, tomaron medidas rápidas y efectivas para paliar el impacto de la crisis. Es de destacar que la sociedad argentina, en su amplia mayoría está dando muestras de compromiso y solidaridad para enfrentar la crisis y hallar una salida con equidad y en democracia.

En términos de asistencia social, el gobierno nacional paso de manejar un presupuesto mensual previo a la pandemia de 5.000 millones mensuales, a uno de 14.000 millones mensuales. En la actualidad hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria (tres millones más que antes de la cuarentena). Entre el IFE y los planes sociales, más de 9 millones de compatriotas reciben una ayuda económica mensual para poder afrontar la crisis. A esto debemos agregar el pago del ATP alcanzaba en el mes de junio a unas 300.000 empresas y casi 3 millones de empleados del sector privado.  También se abrió una línea de crédito a tasa cero para los monotributistas. Desde que empezó la pandemia, el gobierno lleva destinados más de 950.000 mil millones de pesos en inversión social y sanitaria.

En lo referente a los gobiernos provinciales –sean estos oficialistas u opositores - podemos señalar que los mismos están haciendo un gran esfuerzo por ayudar a la paz social llevando a cabo una serie de acciones de contención social.

En tal sentido podemos nombrar a la provincia de Buenos Aires, quien desarrollo un plan complementario al de nación, para contribuir a pagar salarios durante la pandemia del coronavirus. También una serie de cambios impositivos, acceso a créditos y un fondo para municipios. La provincia de Jujuy con el fin de brindar contención económica a sectores vulnerables y particulares afectados dispuso crear el “Programa de Asistencia Económica COVID- 19”, un subsidio de hasta sesenta mil pesos por única vez o crédito de hasta doscientos cuarenta mil pesos a tasa cero de interés. La provincia de Santa Fe desde el inicio de la pandemia, junto al ejército, voluntarios de las organizaciones sociales, religiosas y de la sociedad civil llevó a cabo la entrega diaria de módulos con alimentos que llegan puerta por puerta; algo más de 1.250 millones en total fueron destinados a diversos programas alimentarios de sectores vulnerables. En igual sentido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires paso de 100.000 a 300.000 raciones diarias de comida; la legislatura voto le eximición del ABL de los negocios afectados por la cuarentena y se creó una línea de crédito de hasta 500.000 pesos con una tasa del 12% anual (bonificada en un 50% por el gobierno nacional) para aquellas PyMes y negocios que deseen obtenerla. Cabe destacarse que más allá de los ejemplos mencionados, todas las provincias han efectuado un gran esfuerzo económico y fiscal para poder dar respuestas complementarias a las necesidades socio económicas que provoco esta pandemia. Todas ellas con el objetivo de garantizar la paz social.

Como hemos podido observar, el estado con un enorme esfuerzo fiscal está cumpliendo con su rol de garante de la paz social en una cuarentena que ya lleva más de cuatro meses y que todo indica que habrá de continuar por mayor tiempo. En materia social, se ha adoptado una política de control de daños, especialmente dirigida a la población en mayor situación de riesgo. Bonos, aumentos, compensaciones, provisión alimentaria, entre otros, son algunas de las decisiones que apuntan a reducir los efectos de la emergencia sanitaria sobre los más necesitados a lo largo y ancho de nuestra nación.

El impacto de la pandemia no habrá de ser homogéneo, es por eso que aparece como fundamental para los ciudadanos, el apoyo que se les brinde desde el Estado en sus diferentes niveles a través de las políticas sociales que se implementen. Un estado como garante de la paz social es un estado que asiste y no que expulsa a la indigencia a sus ciudadanos. Es un estado que emplea la ética de la solidaridad. Este rol es de vital importancia no solo para la compleja coyuntura, sino para la recuperación productiva, económica y social de la post pandemia.

El sistema de inteligencia. Una asignatura pendiente de la democracia y la república.

El caso reciente de espionaje ilegal vinculados al anterior gobierno, pone una vez más en el tapete a los servicios de inteligencia.  En nuestro país, la historia de los mismos nos demuestra que han sido más útiles para cualquier otra cosa, que en realidad para el objetivo por el  que fueron creados. La función principal de la inteligencia nacional de acuerdo a lo señalado por la propia normativa, consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación. Lejos de dichos objetivos, desde su creación en el año 1946, la secretaria de inteligencia al igual que el sistema de inteligencia nacional en su conjunto, en numerosas ocasiones a través del espionaje ilícito, se ha dedicado a lograr el condicionamiento de jueces, funcionarios y dirigentes políticos y sociales entre otros tantos.

El convencimiento que la seguridad es garantía de libertad y democracia, pero que sin libertad y sin democracia no puede existir seguridad, constituye uno de los principios ideológicos de la sociedad occidental, sobre los que se levantaron sus estructuras jurídicas, económicas y políticas. Dada la importancia de lo mencionado, se concluye entonces que es absolutamente necesario e imprescindible que los estados nacionales posean un servicio nacional de inteligencia direccionado únicamente a la seguridad y la defensa exterior e interior del País.

En la teoría del estado  hay un consenso dominante que define a la República como el gobierno de la ley.  Siguiendo dicha definición, observamos que en nuestro país en lo referente a la inteligencia, la responsabilidad por el fallo en su funcionamiento se le puede atribuir no solo al poder ejecutivo, - quien tiene por cierto la mayor responsabilidad- sino en verdad a los tres poderes del Estado. En consecuencia, podríamos afirmar entonces que la responsabilidad recae no solo sobre el Estado, sino sobre la Re pública misma. Porque me atrevo a aseverar esto?, veamos. La ley de inteligencia nacional sancionada en el año 2001 como una respuesta de la política al escándalo de la conocida Ley Banelco, creo el Sistema de Inteligencia Nacional. En dicha norma, se creo la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) como órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente. Este acontecimiento genero a mi entender, un grave problema institucional, dado que a partir de ese momento, los agentes de inteligencia emprendieron labores que en teoría habrían de estar ajustadas a ley. Precisamente ahí está el grave problema; un agente de inteligencia no tiene demasiado apego a la ley, dado que en su accionar en ocasiones para lograr su objetivo, opera al margen de la misma. Cual fue la consecuencia?. Que el poder judicial por el accionar de los espías, se convirtiese en ocasiones  en el facilitador no solo de escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia, sino que se vulneren los derechos esenciales de las personas en democracia. El caso de la AMIA y el reciente caso D’Alessio son claros exponentes de la entramada dependencia entre justicia y servicios de inteligencia. Es necesario destacar en este sentido, que la actual interventora de la AFI a través de una resolución administrativa, redujo notablemente el accionar de los agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia; ojala esto sea el principio de un cambio en dicho sentido.

Continuando con el análisis de la mencionada ley, observamos que en dicha norma se creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Taxativamente en su Artículo 32, la ley nos dice que “Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, quien fiscalizara que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional.  Desde su creación, con independencia de la fuerza política que logró la presidencia de dicha comisión, hubo una serie de acontecimientos que dejaron al descubierto la falencia de la comisión bicameral a la hora del control. Como ejemplos podemos señalar: El Proyecto X que le costase el puesto al jefe de la gendarmería nacional. El accionar de la misma fuerza de seguridad en el caso Santiago Maldonado, a través del jefe del escuadrón 35. El espionaje ilegal llevado a cabo por el ex jefe de la Armada Jorge Godoy y por el que recibiese una condena judicial, en relación a tareas de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, militantes de derechos humanos, periodistas y políticos.  Estos casos, exponen el fracaso de la comisión en lo concerniente a la fiscalización del funcionamiento de los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional.

Por último y en referencia al poder ejecutivo, podemos decir que desde el retorno de la democracia, hay sobradas muestras del mal uso de los servicios de inteligencia para realizar tareas de espionaje ilegal, en cuyo caso el único objetivo era lograr obtener información que pudiese ser utilizada para condicionar o neutralizar a jueces, políticos y dirigentes sociales. En el año 2004, el entonces ministro  Gustavo Beliz, mostraba en un canal de televisión la foto de Jaime Stiusso, un espía al que los anteriores gobiernos incluidos la última dictadura militar y el de ese entonces, utilizaban como de “consulta”. Incluso el ex fiscal Alberto Nisman tomaba muy en cuenta los “consejos” brindados por el mismo, en relación con la causa AMIA. Este espía lejos de concluir con su trabajo, continúo cumpliéndolo hasta el año 2014.  Este ejemplo demuestra que el problema trasciende a un presidente en particular. El último caso de espionaje ilegal que lo tiene como principal actor al gobierno de Mauricio Macri  nos muestra  que más allá del nombre propio – llámese en este caso Alan Ruiz-, la metodología empleada por los poderes ejecutivos en relación con el espionaje ilegal sigue indemne.

El problema es sumamente complejo, dado que como hemos dicho, cruza a los tres poderes del Estado. La solución no es para nada sencilla y requiere de una férrea labor destinada a encontrar la solución a un dilema de carácter estructural. Probablemente, un compromiso de la política semejante al que en su momento libro para frenar definitivamente las asonadas militares en nuestro país, pueda encontrar la solución al problema. Si anhelamos tener un mejor estado y esencialmente una mejor república, el problema de los servicios de inteligencia debe ser abordado con la rigurosidad que se merece. Si ello no ocurre, solo será una cuestión de tiempo transcurrido, hasta que surja otro escándalo que tenga a los servicios de inteligencia como lamentables protagonistas.

EL CORONAVIRUS Y EL ESTADO NECROPOLITICO

A esta altura de los acontecimientos, ya son bien conocidas las consecuencias que impactan en el tejido social  como consecuencia de la pandemia producida por el coronavirus. No obstante ello a medida que transcurre el tiempo, podemos observar como acciones adoptadas por los gobiernos nacionales, dieron como resultado un agravamiento de la situación propia del virus causante de la pandemia. En algunos casos es posible detectar como dichos gobiernos tomaron a través de sus decisiones, características vinculadas a lo que Mbembe Achille definió como necropolitica. Mucho del análisis social y político actual parece girar en torno a dos conceptos que parecen ocuparse de cosas distintas: la biopolítica y la necropolítica. La biopolítica es un concepto introducido por Foucault para describir las transformaciones de las formas de gobierno modernas, caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida. En contraposición aparece la necropolitica como un proceso referido a las políticas públicas que permiten o facilitan la muerte para garantizar el control de la población. En otras palabras, son las políticas que entrañan la decisión de quién va a morir y cómo.

En el marco de la pandemia, las estrategias de los gobiernos vinculadas a la biopolitica permiten conocer y administrar fenómenos como el coronavirus, pudiendo establecer su frecuencia, incidencia o patrones de repetición a lo largo del tiempo. En función de estas determinaciones, se despliegan un conjunto de intervenciones públicas destinadas a detectar situaciones de riesgo o peligrosidad, que permitan determinar el modo de intervención política necesaria. Peligrosidad en términos de enfermedad, a través de la higiene pública, el control y gestión de las enfermedades, prevención de las epidemias, políticas de salud tanto en casas y lugares de trabajo, así como en barrios y ciudades. Como contracara las estrategias vincularas a la necropolitica puede definirse como la política en la que los gobiernos no solo deciden quién vive y quién muere sino cómo viven y cómo mueren las personas; se enfoca en las políticas de la muerte. No tiene solo que ver con el hacer morir sino con el dejar morir. La necropolítica también incluye el derecho a imponer la muerte social o civil, el derecho a esclavizar a otros y otras formas de violencia política.

La pandemia producida por el Coronavirus obligo a los gobiernos a tomar determinaciones vinculadas con la vida y con la muerte de los ciudadanos. Lo que puede observarse, es que en ciertos países la necropolitica ha quedado más en evidencia que la biopolitica. Esta actitud, ha desnudando ciertas cualidades de sus gobernantes, las cuales revelan una cierta displicencia a tomar medidas que garanticen en una situación de mortalidad, que los ciudadanos puedan morir con dignidad; una dignidad que este garantizada por la posibilidad de tener acceso al sistema de salud y de ser atendido de acuerdo a la complejidad de cada caso en particular.

Si bien se cree que las políticas de la muerte se construían mayormente en sociedades más desiguales, considero que la evidencia que nos ofrece el coronavirus, desmorona dicho supuesto. Los Estados Unidos de Norteamérica es un claro ejemplo de ello. En términos estructurales, su sistema de salud cuenta con una enorme infraestructura a tal punto que cuenta con el mayor índice mundial de cantidad de camas por habitante. Es decir, no habría en principio motivo alguno para pensar que su situación sanitaria tuviese que ver con un sistema de salud desestructurado, falto de tecnología y/o recursos tanto humanos como económicos. Las decisiones del gobierno encabezado por el presidente Trump, podrían decirse que tienen señales de ser claramente necropoliticas; la pregunta es porque?. Veamos: Como primera cuestión podríamos decir que el presidente de la principal potencia occidental, subestimo de entrada el virus; en tal sentido se negó rotundamente a una cuarentena estricta, cuestión que lo enfrento a varios gobernadores. Un estudio hecho público por la Universidad de Columbia, ha revelado que si las autoridades estadounidenses hubieran decretado un confinamiento apenas una semana antes de lo que lo hicieron, habría sido posible salvar 36.000 vidas, es decir casi un tercio de las víctimas que posee actualmente. Cual fue el resultado? Los Estados Unidos se convirtió en el país con mayor cantidad de muertos e infectados del mundo. Hay un dato que podría decirse que profundiza la necropolitica; en la ciudad de Nueva York el 62% de los muertos por coronavirus son latinos y negros. Como si todo esto fuese poco, el gobierno de origen republicano, deja a la Organización Mundial de la Salud sin una parte importante de los recursos, lo cual habla a las claras de un acto de tremenda irresponsabilidad, el cual tendrá consecuencias directas en la vida de millones de habitantes en el mundo. Por todo lo dicho, puede afirmarse que el caso de los Estados Unidos estamos ante un estado necropolitico.

Siguiendo al autor del concepto necropolitica, podríamos afirmar entonces que  “El sistema capitalista se basa en la distribución desigual de la oportunidad de vivir y morir”, explica Mbembe Achille. “Esta lógica de sacrificio siempre ha estado en el corazón del neoliberalismo, que deberíamos llamar necroliberalismo. Este sistema siempre ha funcionado con la idea de que alguien vale más que otros. Los que no tienen valor pueden ser descartados”. En un sentido similar el filósofo surcoreano Byung Chull Han sostiene que el coronavirus nos muestra que “la muerte no es democrática, sino que depende del status social”. En línea con el pensamiento del filósofo oriental, debemos entender “que la pandemia no es solo un problema médico, sino social”; precisamente por este motivo es que es necesario que aparezca en esta situación de catástrofe sanitaria, el perfil social de los gobiernos.

El caso de los EE.UU no es el único; también el coronavirus a puesto de manifiesto situaciones en otras sociedades denominadas desarrolladas, tal el caso de Inglaterra, a la cual podríamos incluirlas entre los  estados denominados necropoliticos. El gobierno británico no fue la excepción en subestimar la amenaza que implicaba el coronavirus y en consecuencia reaccionar epidemiológicamente tarde. El primer ministro Boris Jhonson no acudió a las primeras cinco reuniones del comité de emergencia británico (Cobra) y cuando decidió participar, el país europeo ya tenía decenas de  casos confirmados. Su inaugural contestación a la pandemia fue la tristemente conocida “inmunidad del rebaño”. Ante la BBC declaro que: “Muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo", precisando que el objetivo de su gobierno era controlar el avance del virus, pero sin frenarlo por completo. Según un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Políticas Públicas, desde 2012 a 2019 más de 130.000 muertes en el Reino Unido podrían haberse evitado si las mejoras en el NHS no se hubiesen detenido. Tras dos décadas en las que se redujeron muchas enfermedades debido a la financiación del Gobierno en mejoras educativas y sanitarias, en los últimos siete años la situación ha decaído a niveles paupérrimos. El Reino Unido fue de hecho, uno de los últimos países europeos en cerrar las escuelas y los espectáculos públicos y en ordenar estrictas medidas de distancia social. Cual fue el resultado? El reino unido se convirtió en el país europeo con mayor cantidad de muertos (42.717) y el tercero en el mundo.

Continuando con la misma lógica de análisis, es decir la búsqueda de estados que puedan ser denominados necropoliticos por su accionar frente a la pandemia, nos enfocaremos en América Latina. Concretamente en Brasil, dado que es el país con mayor cantidad de contagiados y muertos en el continente y eso lo posiciona como el segundo país del mundo. El presidente Jair Bolsonaro al igual que sus pares Trump y Jhonson, minimizo de entrada el virus a tal punto de tratarlo al día de hoy de una "gripezinha". No acato las recomendaciones de la OMS vinculadas al abordaje del coronavirus e ignoro abiertamente las reglas de distanciamiento social, alentando, participando e incluso causando aglomeraciones. Esto le trajo grandes desacuerdos con gobernadores y alcaldes de la oposición. Esta situación llevo a que no se hiciese en Brasil un aislamiento acorde con la peligrosidad de contagio y evolución del virus. Cambio dos ministros de salud en menos de un mes, debido a que los mismos no coincidían con la manera de enfrentar la pandemia y menos aún en firmar el uso de la cloroquina como el medicamento a utilizar para el tratamiento del virus. Al igual que los Estados unidos, el gobierno brasilero se sumó a un uso inapropiado de las promesas de tratamientos curativos y milagrosos; concretamente al uso de la hidroxicloroquina como cura de la enfermedad producida por el virus Covid- 19. Esto fue anunciado en una cadena nacional por el propio presidente, quien menciono que iban a producir este medicamento en grandes cantidades para el tratamiento de los enfermos leves. Asimismo, hubo una circulación relevante de noticias falsas que minimiza la gravedad de covid-19 en Brasil. La Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad de Sao Paulo realizaron una investigación conjunta que analizó 2.108 audios que circularon con testimonios de supuestos profesionales de la salud minimizando el efecto del coronavirus. Cual fue el resultado? El Covid 19 supera en la tasa de mortalidad al conjunto de todas las enfermedades cardiovasculares que matan a 980 brasileros por día.  Brasil tiene más de un millón de infectados y más de 50 mil muertos.

El análisis del accionar frente a la pandemia por parte de estos tres gobiernos, nos sirve para concluir que si bien todos los estados del planeta tienen en mayor o menor medida características necropoliticas, en situaciones como la pandemia en la que vivimos, puede quedar de manifiesto de manera más tangible actitudes que conviertan a estos estados en necropoliticos. Es imposible pensar que Trump, Jhonson y Bolsonaro no contasen con los instrumentos y los datos necesarios para poder medir el volumen de las derivaciones fruto de sus determinaciones. Son líderes que apuestan a la confrontación y al aislacionismo para exacerbar tensiones y crear mayorías que aplastan a minorías”, en el caso de Trump y Jhonson con sus ataques racistas y xenófobos y en el caso de Bolsonaro, a las minorías sexuales. Sus modos de actuar y su ideología populista conservadora, los ha convertido en los dueños del eje viral del mundo.  En palabras de Mbembe Achille podríamos señalar que cuando el funcionamiento del Estado deja clara la necropolítica como régimen de gobierno de las poblaciones, pasamos a describir el desorden como “emergencia”, “conflicto armado” o “crisis humanitaria”. La realidad es que las tácticas de exclusión y asechanza ya estaban instauradas mucho antes de la pandemia; el Covid 19 dejo al desnudo estas prácticas y en consecuencia el modo de concebir la relación entre estado y sociedad civil que poseen estos gobernantes. La muerte no es democrática y tiene que ver con el status social. Estos gobernantes son la clara expresión de tal  afirmación.

La crisis del coronavirus. La oportunidad de un nuevo estado de bienestar

Es bien conocido por todos, que la crisis que ha generado el coronavirus ya no es solamente sanitaria, sino que también es una crisis económica, social y hasta cultural. Casi tres millones y medio de contagiados y casi un cuarto de millón de muertos en tan solo seis meses, habla a las claras de la magnitud de dicha pandemia la cual está hostigando al mundo entero.

Esta crisis a diferencia de otras, no pone a resguardo a las potencias más desarrolladas del mundo. De hecho, el virus se inició en la gran potencia económica asiática y en la actualidad, la mayoría de los países que conforman el G7 se encuentran entre las naciones con mayores casos de contagios a nivel mundial; solo nos basta con mirar la cantidad de infectados y muertos en los Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido para tomar registro de la característica de la pandemia. Asimismo el impacto en la economía mundial que ha generado el coronavirus en estos países, también posee características considerables. En los Estados Unidos prevén una cifra cercana a los 22 millones de desocupados; en Francia la cifra de desocupados alcanzaría a 3,7 millones; en Italia más de 7 millones de ciudadanos están viviendo con menos de 500 euros mensuales, cuando el sueldo mínimo en ese país es de 1300 euros. El Reino Unido que junto con Alemania tenía la tasa de desocupación más baja de la Unión Europea (no llegaba al 4%), prevé para este año una tasa de desocupación del orden del 7,3%.

Frente a este escenario, cuál es la respuesta que proporcionarán los gobiernos a esta crisis no solo sanitaria, sino económica y social?. La réplica que darán estos países a sus crisis, bien podría denominarse Keynesianismo explícito. Porque hago dicha afirmación?. Observemos estos datos; los Estados Unidos desembolsara cerca del 10% de su PBI a través de un paquete de ayuda económica y social para morigerar el impacto de la crisis como consecuencia del coronavirus. Alemania hará lo propio, destinando el 14,5% de su PBI; Japón aparece hasta ahora como el país con mayor inyección de dinero por parte del estado en la economía; destinara el 20% de su PBI para enfrentar el derrumbe de su economía. La Unión Europea creara un rescate económico para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del orden de los 540 mil millones de euros a repartir entre sus países miembros.

En síntesis, lo que nos muestran estos números, es que con independencia de la ideología de los gobiernos, la fórmula empleada es la misma: frente a una crisis sin antecedentes, se introduce dinero en la economía promovido por el actor social primordial, por la organización social más compleja, es decir por el estado nacional. Si advertimos que los países más significativos del planeta, responden a esta fenomenal crisis con más injerencia por parte del estado, a través de paquetes de ayuda económica y social vinculados en muchas casos, a la asistencia de los sectores más desprotegidos de la sociedad, buscando en consecuencia mitigar los efectos económicos y sociales de esta pandemia, me pregunto si no habrá llegado el momento en que deberíamos hacernos la siguiente pregunta; Es necesario crear un nuevo modelo de estado de bienestar? . La respuesta es que se hacer decididamente necesario recrear un nuevo modelo de estado de bienestar. Un estado no anclado en el contexto social político y económico de mediados del siglo pasado, sino un estado anclado en el contexto social, político y económico actual, pero con la impronta particular de un estado benefactor como el que supimos conocer.

Este nuevo modelo de Estado de Bienestar, debería  tener en cuenta mi entender algunos criterios que me permito exponer.

1.      Lo trascendente no es la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de condiciones. El estado debe garantizar la igualdad de las condiciones sociales básicas entre sus habitantes; si ello no sucede, una sociedad más igualitaria se convierte en una entelequia.
2. .      Puesto que la vida natural no genera iguales oportunidades de partida, ni deja librado a cierto tipo de personas del infortunio, es ineludible que el Estado se ocupe de ellos para garantizar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales básicos.
3.        El Estado no debe garantizar aquello que una persona pueda conseguir por sus propios medios, léase el esfuerzo, el empeño y las ganas de lograr sus propios objetivos; esto debe ser parte del proyecto de vida de cada individuo.
4.       La educación cumple una función esencial. Una sociedad más educada, tienen  mayor posibilidad de lograr un mayor desarrollo económico, social y cultural.
5.       La salud pública, ocupa un lugar de preponderancia en el progreso de la sociedad. Se hace necesario  que el Estado pueda garantizar a todos los sectores sociales, un acceso más equitativo e igualitario a la salud, poniendo el foco especialmente en aquellos ciudadanos que hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor..     
6.     La gente que pierde su empleo, debe recibir beneficios sociales que le permitan conservar su nivel de vida; asimismo garantizarle todo tipo de facilidades para capacitarse o formarse en nuevas profesiones, a los efectos lograr una rápida reinserción laboral.
7. .       La seguridad social debe garantizar a sus beneficiarios ingresos que le permitan un nivel de vida acorde fundamentalmente a sus expectativas y a su historial laboral.
8. .      La equidad y la perspectiva de género deben ser garantizadas por parte de los estados en la formulación, desarrollo e implementación de las políticas públicas.
9. .       La sostenibilidad ambiental entendida como la administración y el cuidado eficiente y racional de los recursos naturales, debe ser una facultad indelegable del estado nacional. No debe existir proyecto productivo que no tenga sostenible desde el punto de vista ambiental.
10. 10.   Propender a un concepto de nueva ciudadanía, entendida esta,  como una nueva concepción de ciudadanas y ciudadanos que a través de un nuevo rol social y bajo el reconocimiento por parte del Estado de nuevos derechos y obligaciones, contribuyan a la construcción de una sociedad más inclusiva, justa equitativa y solidaria.

A nadie escapa que este Nuevo Estado de Bienestar habrá de demandar una mayor cantidad de recursos para poder enfrentar y desempeñar este nuevo rol tanto económico pero fundamentalmente social. Para lograrlo, será necesario comprender que el nivel de endeudamiento de las naciones, no deberá ser el impedimento que obstruya la obtención de estos recursos económicos por parte del Estado. Para validar este razonamiento, habremos de constatar el porcentaje de PBI del paquete de ayuda económica y social de algunas de las naciones integrantes del G7 y el nivel de endeudamiento que poseen.

Estados Unidos posee un nivel de endeudamiento del orden del 107% de su PBI, sin embargo mencionamos que desembolsaría para sostenibilidad de su economía un paquete cercano al 10% de su PBI; Alemania posee un nivel de endeudamiento de su PBI cercano al 62% y destinara un paquete cercano al 14,5% de su producto bruto interno. Quizás el caso más notorio sea el de Japón que destinara el 20% de su producto al paquete de ayuda, mientras que posee un nivel de endeudamiento del orden del 237% respecto de su producto bruto interno. Estos datos nos  explican a las claras, para estas naciones, su nivel de endeudamiento no es un factor imposibilitador del despliegue de un paquete económico y social que contribuya a conservar la situación socio- económica existente con anterioridad al inicio de la pandemia.

Admito que sea necesario ver cada caso en particular, respecto de la situación fiscal y económica de cada estado nacional;  pero también entiendo, que será necesario aplicarse medidas de carácter universal para garantizar la posibilidad del desarrollo de este Nuevo Estado de Bienestar. En este sentido, podemos mencionar que es el propio comité de los DESC, quien al efectuar recomendaciones en relación con esta pandemia, ha mencionado que son naturalmente necesarios “los esfuerzos cooperativos para enfrentar los impactos económicos de la crisis, en especial en los Estados más pobres, y para lograr una recuperación económica lo más rápida posible”.

Siguiendo con esta lógica propuesta por las Naciones Unidas a través del comité para los DESC, opino que sería posible establecer a través de los organismos internacionales correspondientes, dispositivos para que aquellas naciones que se hallasen en una situación de dificultad fiscal y económica, puedan en caso de considerarlo oportuno y conveniente, recurrir a la suspensión de los pagos de su deuda externa   y sobre todo la contraída con el Fondo Monetario Nacional y destinar dichos recursos a la implementación de paquetes de ayuda social y económica, tendientes al sostenimiento de su economía doméstica y del tejido social. Que al tomar dicha determinación por parte de los Estados, los mismos, no sufran las secuelas propias de los países que entran en cesación de pagos o default selectivo.

Aunque una medida así pareciese imposible de aplicar, quiero decirles que existiendo determinación política, no sería un objetivo improbable de lograr. Un dato que avala este razonamiento;  bajo el sistema capitalista actual, la concentración también llego al capitalismo financiero y en la actualidad, existen en el mundo aproximadamente unas  60.000 bolsas de valores; la mitad de esos valores están en manos exclusivamente de 1.000 empresas. Además, a nadie escapa que el FMI puede hacer una reforma en su carta orgánica y modificar en forma transitoria o definitiva, su condición de acreedor preferencial frente a los estados, permitiendo de esa manera que los mismos puedan renegociar plazos y porcentaje de quitas con dicho organismo de crédito.

No tengo duda que existiendo determinación política y sobre todo consciencia de la necesidad frente a esta crisis sanitaria, económica, social y cultural sin precedentes en nuestra historia reciente, pueden generarse los mecanismos para la creación y posterior ejecución de las medidas que le permitan a los estados nacionales, contar con los recursos económicos que fuesen necesarios, para implementar estas ayudas sociales y económicas a su población. Medidas que estarán pensadas en servirle de solución no a las grandes potencias, sino al concierto de las naciones y por sobre todo a las que se encuentren en situaciones de dificultad fiscal y económica.

En definitiva, estamos viviendo una situación completamente impensada y excepcional fruto de una pandemia que está poniendo en jaque la economía mundial. En este contexto, la intervención del Estado nacional se hizo ineludible; intervención que busca generar un cierto marco de sostenibilidad de la malla social y económica de los países, sean estos desarrollados o en vías de serlo. Frente a esta situación, entiendo que  se abre la posibilidad de volver a generar un nuevo tipo de estado; un estado que sea capaz de generar una nueva ciudadanía y sentar las bases de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. La crisis es una oportunidad dice el ideograma chino; quizás esta crisis nos sirva para volver a tener un nuevo  modelos de estado y construir una mejor sociedad.

El 41% es todo de Macri ?

“Tenemos el 41% de los votos” se escucha decir de manera muy asidua a los integrantes de Juntos por el Cambio, frase que utilizan para argumentar que cuentan con un porcentaje de votos  muy similar al del Frente de Todos.  Se intenta mostrar un Maurico Macri que a pesar de la derrota electoral sufrida a manos de Alberto Fernández, cosecho  un alto porcentaje de votos  que lo posiciona como el líder indiscutido de la oposición.

Partiendo de este contexto, entiendo que se hace necesario efectuar un análisis de algunas cuestiones, que nos muestran que la fortaleza de Mauricio Macri no es tal como se intenta demostrar por sus seguidores y socios políticos y que se parece más a una operación política y mediática que a la verdad misma.

Mauricio Macri es el primer presidente argentino que buscando su reelección como tal, es derrotado electoralmente; dicha situación deja a las claras que su gestión como primer mandatario no fue avalada por la mayoría de la sociedad producto de sus errores, desaciertos y promesas incumplidas. Segundo; en relación a lo anterior, puede decirse que creer que los casi once millones de votos obtenidos en las elecciones presidenciales son producto de los logros de su gobierno, es un pensamiento cuanto menos ingenuo; dentro de dicho porcentaje obtenido, hay un porcentaje - algo difícil de cuantificar por cierto- que ha votado no a favor de  Mauricio Macri, sin en contra de Cristina Fernandez de Kirchner y en consecuencia del Frente de Todos. Esta cantidad no menor de argentinas y argentinos anti kirchneristas y anti peronistas, han votado por el único de los candidatos que contaba con posibilidades ciertas de impedir el retorno de los actores políticos enunciados; en conclusión, el casi 41 por ciento de los votos obtenidos, no pueden entenderse como propios de un apoyo a Macri y su gestión de gobierno. Tercero;  si analizamos el porcentaje de votos obtenidos por Juntos por el Cambio y lo comparamos con el porcentaje histórico de votos obtenido por los oficialismos desde 1983 a la fecha, podemos observar que dicho porcentaje esta dentro de los rangos históricos; Angeloz en 1989 en plena hiperinflación obtuvo un 37 por ciento de los votos; Duhalde en 1999 luego de una década de gobierno menemista, obtuvo algo más del 38 por ciento de los votos; Scioli en el año 2015 siendo el candidato del frente para la victoria, obtuvo el 37 por ciento de los votos en primera vuelta. Estas cifras nos muestran a las claras que desde el retorno de la democracia,  los oficialismos obtienen cerca del 40 por ciento de los votos, con lo cual el 40.28 por ciento de los votos obtenidos por Macri en octubre pasado, no hace más que reforzar esta tendencia.

Siguiendo con este último punto, es interesante ver que sucedió con los candidatos oficialistas derrotados; es decir si pudieron capitalizar el porcentaje de votos obtenidos  y posicionarse en consecuencia como jefes opositores, o si por el contrario solo fueron catalizadores circunstanciales del apoyo de una parte del electorado. La historia nos muestra que salvo el caso excepcional de Eduardo Duhalde quien producto del estallido del 2001 se convirtió en presidente de la nación –pero que antes de esa situación, su liderazgo político venía en baja- , el resto de los candidatos –Eduardo Angeloz y Daniel Scioli- no solo no pudieron convertirse en jefes de la oposición, sino que sus figuras se erosionaron rápidamente, al punto tal que hoy en dia Daniel Scioli es rescatado por el actual presidente para colocarlo al frente de una embajada.

En síntesis, creer que por el resultado obtenido en las urnas en el mes de octubre pasado, Mauricio Macri, se convierte en el líder de la oposición, es un análisis algo simplista; La historia nos muestra que los oficialismos, aun en la derrota, obtienen un porcentaje alto de votos. Pero también nos muestra, que esos candidatos no pueden a posteriori capitalizar el porcentaje de votos obtenidos  y en consecuencia,  convertirse en líderes o jefes de la oposición; por el contrario, sus figuras y su capital político se han erosionado rápidamente y quedan como los candidatos oficialistas derrotados. Esta claro que Mauricio Macri a diferencia de los anteriores candidatos oficialistas, ocupo la presidencia de la nación y eso lo hace muy diferente al resto, pero también es cierto, que fue el primer presidente en nuestro país que al buscar su reelección cae derrotado electoralmente en primera vuelta.

El porcentaje de votos obtenidos por Mauricio Macri en octubre pasado, no es inalterable, sino que por el contrario, es un porcentaje de votos en donde el antiperonismo y antikirchenismo jugaron  un importante papel y en consecuencia, pueden emigrar hacia otro candidato en las próximas elecciones. Pensar que el porcentaje de votos obtenidos lo convierte automáticamente en jefe de la oposición, es a mi entender erróneo;  por supuesto que nadie puede discutir el lugar que ocupa hoy  Mauricio Macri, pero dicho lugar debe revalidarlo ahora  desde otro lugar, el de pretendiente a jefe de la oposición.  El tiempo nos dirá como se desarrollaran los acontecimientos y si Mauricio Macri, logra consolidarse como jefe opositor al gobierno de Alberto Fernández o si por el contrario, su destino lo posiciona como el primer  presidente que intento lograr sin éxito su reelección.  El final queda abierto.

 Marcelo A. Fidalgo