Desde que se inició la pandemia
en nuestro país, el rol del estado en la misma, se ha transformado en un tema
de debate. Este papel de vital importancia, debía tener como principales
misiones, minimizar las consecuencias de la pandemia y contener a los sectores
sociales más castigados por los efectos económicos de la misma.
Desde el aspecto social el
estado debía garantizar nada más y nada menos que la paz social, un
objetivo que para algunos actores aparecía como algo imperioso de asegurar. Al
inicio de la cuarentena, un sondeo de la consultora Opinaia nos mostraba que
para los consultados, el temor a los saqueos, superaba al miedo a contraer la
enfermedad. Muchos comerciantes por temor a los saqueos no reponían mercadería
en sus comercios. Hasta el propio gobernador bonaerense y los intendentes del
conurbano bonaerense, manifestaban su preocupación por el temor a un desborde
social antes del pico de la pandemia. En síntesis, ciudadanos y mandatarios demandaban
que el Estado se convirtiese en el garante de la paz social.
Hablar del Estado como garante de
la paz social es algo novedoso? En absoluto,
veamos; Ortega y Gasset que concebía la nación “como un proyecto sugestivo de
vida en común”, entendía que las
instituciones del Estado constituidas para la organización y el gobierno de la
sociedad civil debían constituirse como garantes de un sistema de convivencia cuyo
fin primario es la paz social. La
propia doctrina social de la iglesia en su encíclica Remun Novarum nos habla del Estado como garante de la paz social.
En síntesis, la cuestión del estado como
garante de la paz social no es algo que estuviese en discusión. Lo que si
podría estar en debate es mediante qué acciones
el estado habría de garantizar dicho orden o paz social.
El estado teniendo en cuenta el
contexto socioeconómico previo a la pandemia, tenía dos opciones de respuesta. Una
era que la réplica estuviese enmarcada dentro de una visión del Estado
weberiana sustentada en el monopolio de la fuerza. La otra que
estuviese sustentada en una visión del Estado bismarckiana respaldada en la
concepción universalista y solidaria sobre la base de una visión de ciudadanía
social. Claramente nuestro estado en sus tres niveles, opto por la respuesta
vinculada al derecho social ciudadano; entendió que el enorme desafío,
tanto sanitario como económico-social, que nos planteaba la pandemia, exigía que
el estado asuma ese papel respondiendo a la defensa del interés general de los
ciudadanos.
Un dato que nos muestra la
magnitud de la ayuda social, es que de los 15 millones de hogares de la
Argentina, según la actualización estimada del censo poblacional de 2010, poco
más de la mitad percibirá la ayuda estatal, son trabajadores
informales, trabajadores independientes de bajos ingresos, personal de casas
particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH),
embarazadas y del plan Progresar. Esto nos muestra que tanto el gobierno
nacional como los gobiernos provinciales, tomaron medidas rápidas y efectivas
para paliar el impacto de la crisis. Es de destacar que la sociedad
argentina, en su amplia mayoría está dando muestras de compromiso y solidaridad
para enfrentar la crisis y hallar una salida con equidad y en democracia.
En términos de asistencia social,
el gobierno nacional paso de manejar un presupuesto mensual previo a la pandemia
de 5.000 millones mensuales, a uno de 14.000 millones mensuales. En la
actualidad hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria (tres
millones más que antes de la cuarentena). Entre el IFE y los planes sociales,
más de 9 millones de compatriotas reciben una ayuda económica mensual para
poder afrontar la crisis. A esto debemos agregar el pago del ATP alcanzaba en
el mes de junio a unas 300.000 empresas y casi 3 millones de empleados del
sector privado. También se abrió una
línea de crédito a tasa cero para los monotributistas. Desde que empezó la pandemia, el
gobierno lleva destinados más de 950.000 mil millones de pesos en inversión
social y sanitaria.
En lo referente a los gobiernos
provinciales –sean estos oficialistas u
opositores - podemos señalar que los mismos están haciendo un gran esfuerzo por
ayudar a la paz social llevando a cabo una serie de acciones de contención
social.
En tal sentido podemos nombrar a
la provincia de Buenos Aires, quien desarrollo un plan complementario al de nación,
para contribuir a pagar salarios durante la pandemia del coronavirus. También una
serie de cambios impositivos, acceso a créditos y un fondo para municipios. La
provincia de Jujuy con el fin de brindar contención económica a sectores
vulnerables y particulares afectados dispuso crear el “Programa de Asistencia
Económica COVID- 19”, un subsidio de hasta sesenta mil pesos por única vez o crédito
de hasta doscientos cuarenta mil pesos a tasa cero de interés. La provincia de
Santa Fe desde el inicio de la pandemia, junto al ejército, voluntarios de las
organizaciones sociales, religiosas y de la sociedad civil llevó a cabo la
entrega diaria de módulos con alimentos que llegan puerta por puerta; algo más
de 1.250 millones en total fueron destinados a diversos programas alimentarios
de sectores vulnerables. En igual sentido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
paso de 100.000 a 300.000 raciones diarias de comida; la legislatura voto le eximición
del ABL de los negocios afectados por la cuarentena y se creó una línea de
crédito de hasta 500.000 pesos con una tasa del 12% anual (bonificada en un 50%
por el gobierno nacional) para aquellas PyMes y negocios que deseen obtenerla. Cabe
destacarse que más allá de los ejemplos mencionados, todas las provincias han
efectuado un gran esfuerzo económico y fiscal para poder dar respuestas complementarias
a las necesidades socio económicas que provoco esta pandemia. Todas ellas
con el objetivo de garantizar la paz social.
Como hemos podido observar, el
estado con un enorme esfuerzo fiscal está cumpliendo con su rol de garante de
la paz social en una cuarentena que ya lleva más de cuatro meses y que todo
indica que habrá de continuar por mayor tiempo. En materia social, se ha
adoptado una política de control de daños, especialmente dirigida a la
población en mayor situación de riesgo. Bonos, aumentos, compensaciones,
provisión alimentaria, entre otros, son algunas de las decisiones que apuntan a
reducir los efectos de la emergencia sanitaria sobre los más necesitados a lo
largo y ancho de nuestra nación.
El impacto de la pandemia no
habrá de ser homogéneo, es por eso que aparece como fundamental para los
ciudadanos, el apoyo que se les brinde desde el Estado en sus diferentes
niveles a través de las políticas sociales que se implementen. Un
estado como garante de la paz social es un estado que asiste y no que expulsa a
la indigencia a sus ciudadanos. Es un estado que emplea la ética de la
solidaridad. Este rol es de vital importancia no solo para la compleja
coyuntura, sino para la recuperación productiva, económica y social de la post
pandemia.
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